En el marco de sus operativos de control y seguimiento en la provincia de Ubaté, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso cuatro medidas preventivas de suspensión inmediata a bocaminas de carbón que operaban de manera ilegal en los municipios de Sutatausa y Lenguazaque. La intervención permitió frenar la explotación irregular en estos frentes de trabajo que no contaban con los instrumentos ambientales requeridos, generando severas afectaciones sobre el suelo, la flora nativa y fuentes hídricas estratégicas de la subcuenca del río Alto Suárez.
Los hallazgos de las comisiones de inspección revelaron un escenario de degradación en ecosistemas de bosque húmedo montano bajo. De acuerdo con la CAR, en las áreas intervenidas se detectó la disposición descontrolada de material estéril sobre la capa orgánica sin adecuación técnica, provocando el sepultamiento de pastos, potreros y vegetación nativa.
A esto se sumó la acumulación de chatarra, el vertimiento directo de aceites sobre tierra y la falta absoluta de sistemas de drenaje o piscinas sedimentadoras, lo que causó el arrastre constante de residuos mineros y la descarga de aguas residuales ácidas con alta carga de óxidos de hierro hacia la quebrada Palo Blanco y el río Chirtoque.
Frente a la gravedad de los impactos y la reincidencia detectada en algunos puntos de extracción, la autoridad ambiental ratificó su compromiso de mantener las sanciones e iniciar los procesos sancionatorios correspondientes bajo el marco de la Ley 1333 de 2009:
“Mantendremos las medidas de suspensión y avanzaremos con los requerimientos de recuperación morfológica, retiro de estériles de las rondas de protección hídrica y reforestación con especies nativas, ya que no toleraremos la actividad minera ilegal que ponga en riesgo la estabilidad ecológica de nuestro territorio”, afirmó Julio César Sierra León, director de la Regional Ubaté de la CAR.
Adicionalmente, los funcionarios constataron que varias de las minas intervenidas presentaban desprendimiento e incumplimiento de sellos impuestos en operativos anteriores, lo que configura una figura de desacato que agravará las sanciones administrativas y jurídicas para los responsables.
Detener la degradación hídrica y exigir la restauración de las rondas de protección no es solo un deber legal, sino una condición indispensable para asegurar la sostenibilidad ambiental de la región y el bienestar de las comunidades que dependen de la salud de sus ríos.
