Tras la sesión de control político adelantada en el Concejo Municipal con la participación de la Secretaría de Gobierno, los Organismos de Tránsito y la Policía Nacional, cabildantes de Sopó alertaron sobre un presunto incremento no autorizado en las tarifas de taxi para los recorridos veredales. La alteración en los cobros por parte de algunos conductores respondería a los desvíos y mayor tiempo de trayecto causados por las obras de mantenimiento vial en distintos sectores. Sin embargo, al no existir una solicitud formal ni una resolución expedida que avale dichos ajustes, las autoridades enfatizaron que los precios deben mantenerse según los techos fijados en la normatividad vigente.
Esta situación impacta directamente el bolsillo de las familias residentes en las zonas rurales más distantes del casco urbano, quienes dependen del transporte público individual para realizar sus diligencias diarias, comerciar sus productos o atender emergencias médicas. Si bien los cierres e intervenciones en la red vial generan modificaciones operativas en las rutas habituales, los entes de control reiteraron que los imprevistos viales no facultan a los conductores ni a las empresas para fijar precios de manera unilateral o cobrarlos por encima de lo estipulado por la ley.
“Las personas que se desplazan desde el casco urbano de Sopó hacia la Vereda El Mirador, tenían un cobro de 10.000. Como la vía la cerraron por el lado de Bellavista y en ese momento estaba también cerrado por el lado de arriba, la tarifa del taxi ya no eran 10.000 sino 20.000”, señaló el concejal Franklin Rodríguez, quien expuso puntualmente las situaciones de la ciudadanía en sectores como El Mirador, Sector el Hoyito, Carolina Alta, Comuneros y Pionono.
Frente a las denuncias presentadas, la Secretaria de Gobierno, Sulmary Quiroga, precisó que formalmente no reposan peticiones de alza por parte del gremio transportador ni quejas escritas en su despacho. Asimismo, recordó que en “enero de este año se estableció el decreto 014 que define las tarifas del servicio público para el municipio de Sopó”, norma que sigue plenamente vigente. En ese mismo sentido, el secretario de Tránsito, Jaime Ictus, detalló que dicho acto administrativo es el único marco legal permitido para el cobro del servicio.
“Si hay un cobro excesivo de esta, invitamos a la comunidad para que radique la queja, ya sea ante la secretaría de gobierno, organismo de tránsito o directamente en la empresa, esta tendrá que devolverle el pago que se hizo adicional”, puntualizó Ictus.
Garantizar que las obras de infraestructura traigan progreso sin convertirse en una carga para el bolsillo campesino requiere empatía por parte de los conductores y un control riguroso por parte de las autoridades. El diálogo abierto y la denuncia oportuna son las mejores herramientas para construir un servicio justo, transparente y verdaderamente al servicio de la gente en Sopó.
