Durante el encuentro entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y los 116 alcaldes del departamento de Cundinamarca, un anuncio encendió las alarmas en el sector agropecuario y reabrió el debate sobre la planeación del suelo: la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
La postura, respaldada públicamente por el vocero designado para Sabana Centro bajo la consigna de “evaluar su impacto en el desarrollo de los municipios”, pone en vilo un instrumento que cuenta con más de un millón de hectáreas declaradas en 55 municipios del país, al menos cuatro de ellos ubicados en la Sabana.
Las APPA nacieron con el propósito de delimitar los suelos fértiles de mayor tradición agrícola para defender la soberanía alimentaria y garantizar el derecho humano a la alimentación. Al ser declaradas como determinantes del ordenamiento territorial, sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento para los municipios al momento de formular o actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). A su vez, estas áreas quedan vinculadas a un plan de acción que exige la coordinación entre entidades del sector agropecuario y del desarrollo rural.
Según la Universidad Nacional de Colombia, casi el 63 % de las unidades productivas agropecuarias en la Sabana de Bogotá se dedican a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Sin embargo, la institución advierte que en las últimas décadas estas áreas han cedido terreno ante los “fuertes procesos de urbanización, la prevalencia de monocultivos como la floricultura, la papa u hortalizas, así como las afectaciones a ecosistemas estratégicos en la región, como bosques altoandinos, páramos y humedales”.
Choque de visiones: entre la autonomía gremial y la protección campesina
Pese a que las APPA prometían ser una esperanza para que las comunidades campesinas aseguraran que sus tierras no fueran destinadas a otros usos, la figura ha generado tensiones constantes con sectores como la construcción y la minería.
Desde la perspectiva gremial, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha criticado la medida al señalar que es una forma de “privar a los municipios de decidir acerca de los criterios y la metodología para adelantar la planeación territorial”, defendiendo además la “libertad de elegir una profesión, oficio, de empresa y asociación”.
Así mismo, agremiaciones empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), anunciaron en noviembre de 2025 al diario El País, que “la incertidumbre institucional y la inseguridad jurídica que ha generado esta figura solo ha producido temor en la inversión tanto privada como pública”.
El fin de las APPA durante el gobierno electo
Esta postura coincide con la visión de la nueva administración. Durante el empalme territorial llevado a cabo en la Gobernación de Cundinamarca, Abelardo de la Espriella ratificó su decisión de derogar estas declaratorias.
“He dado instrucciones precisas al Ministerio de Agricultura para que, a la mayor brevedad y dentro del marco de la ley, adelante el proceso de derogatoria de las resoluciones mediante las cuales se declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)”, afirmó de la Espriella.
El anuncio fue celebrado por sectores parlamentarios como el de la representante a la Cámara Carol Borda, quien sostuvo que la decisión “fortalece la seguridad jurídica, respeta la autonomía territorial y protege la propiedad privada. El campo colombiano necesita confianza y libertad para crecer, no más restricciones basadas en ideologías”.
Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA por escuchar la solicitud que presentamos junto a la senadora @sarag12 y el representante @Danielbricen para avanzar en la revocatoria de las APPA y las ZPPA.
— Carol Borda (@CarolBordaA) July 31, 2026
Es una decisión que fortalece la seguridad jurídica, respeta la autonomía… https://t.co/2K83GPQaAW pic.twitter.com/7niI0pXhfb
La reacción del Ministerio de Agricultura no se hizo esperar. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre las consecuencias de desmantelar estas áreas protegidas, señalando que “la eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado”.
Con la derogatoria sobre la mesa, la protección de los suelos fértiles de Cundinamarca entra en una fase crítica, dejando a la deriva la garantía de que la Sabana conserve su vocación agrícola frente a la creciente presión inmobiliaria e industrial.
