Tras más de seis años de un batalla jurídica en la que la periodista y escritora María Antonia García ha buscado justicia por presuntamente haber sido acosada por Hollman Morris, el actual gerente de RTVC (ahora Inravisión), hoy logra que su caso no solo sea desarchivado sino además reconocido desde un enfoque de género. El anuncio ha sido confirmado por medios como El Espectador y El Tiempo, quienes aseguran la reactivación del caso. La Fiscalía hasta el momento no ha realizado un pronunciamiento oficial.
La controversia tiene su origen en un encuentro ocurrido en 2011 en un hotel de Madrid, España, donde García de la Torre intentaba entrevistar a Morris. Según el relato de la comunicadora, el hoy funcionario la habría agredido físicamente para forzar un contacto sexual no consentido. “Me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca”, afirmó la periodista en entrevista con la revista Volcánicas. Además detalló que, en su intento por huir de la habitación, el presunto agresor la interceptó nuevamente para besarla contra su voluntad por segunda vez. Aunque Morris admitió en su momento que “de pronto caemos los hombres en comportamientos machistas que tenemos que desaprender”, su estrategia legal se ha centrado en negar el carácter delictivo de sus actos y en interponer denuncias por injuria y calumnia contra quienes lo señalan.
El camino procesal ha estado marcado por la inestabilidad y los cierres prematuros. Desde 2019, el caso fue archivado en múltiples ocasiones bajo argumentos que iban desde la supuesta falta de jurisdicción, por haber ocurrido en territorio extranjero, hasta la reclasificación del delito a “injuria por vía de hecho”, una categoría de menor gravedad que despojaba la agresión de su connotación sexual. No obstante, la nueva decisión judicial corrige este rumbo al señalar que ignorar los elementos del tipo penal constituye una violencia de segundo orden. Según documentos a los que tuvo acceso el diario El Espectador, la Corte enfatizó que “cuando el operador judicial ignora los elementos específicos del tipo penal y lo califica erróneamente, despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica”.
Para la defensa de la periodista, esta reapertura representa el reconocimiento de una deuda histórica del sistema judicial con las víctimas de violencia sexual en espacios de poder. Antonia García, apoderada de la denunciante, sostuvo que el archivo del proceso no fue un error administrativo, sino un acto de exclusión deliberada. “Claramente, sí es una revictimización y es una forma de violencia de segundo orden al invisibilizar la agresión sexual y el daño a la libertad e integridad sexual. Hubo violencia institucional”, manifestó la abogada.
En contraste, la defensa de Morris, liderada por Claudia Cristancho, calificó la decisión como irregular, argumentando que la acción penal ya estaba extinguida y diciendo para El Tiempo que la nueva clasificación es una “relectura forzada del expediente que desconoce las reglas básicas del debido proceso”.
A pesar de la resistencia de la defensa del gerente de RTVC, la reapertura del caso bajo un enfoque de género marca un precedente en la justicia colombiana frente a las agresiones cometidas por altos funcionarios. El desarchivo del proceso implica que la Fiscalía deberá investigar los hechos bajo la premisa de la protección a la libertad e integridad sexual, dejando atrás los tecnicismos que durante años impidieron que el testimonio de García de la Torre fuera evaluado con rigor. Será la justicia quien determine la responsabilidad del acusado que hoy ostenta un cargo público, presuntamente protegido por el presidente de la república.
