En una contundente acción contra el comercio ilegal y la evasión fiscal, la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca oficializó la destrucción de 1.720 kilogramos de licores adulterados, falsificados y de contrabando. Los productos, que habían sido retirados del mercado en diversos operativos de inspección y control, fueron eliminados definitivamente para evitar que ingresen nuevamente a la cadena comercial.
La mercancía inutilizada figuraba en 71 actas administrativas impuestas a establecimientos e individuos que incumplieron con los requisitos legales para la venta y distribución de bebidas alcohólicas en el territorio departamental.
La medida tiene como objetivo prioritario salvaguardar la salud pública. El consumo de alcohol adulterado representa una amenaza severa para la vida de los ciudadanos, pudiendo causar secuelas neurológicas irreparables, ceguera o la muerte debido a la presencia de sustancias tóxicas como el metanol.
Asimismo, la gobernación busca dinamizar la economía local protegiendo dos frentes estratégicos:
- El recaudo tributario: Preservar los ingresos provenientes del impuesto al consumo, los cuales se destinan directamente a la financiación de sectores clave como la salud, el deporte y la educación en el departamento.
- La competencia justa: Respaldar a los comerciantes legalmente constituidos que cumplen con el pago de impuestos y normativas, frente a la competencia desleal que representan las redes de contrabando.
La Secretaría de Hacienda confirmó que no bajará la guardia y mantendrá la presencia institucional en todo el territorio. En coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades de control, se reforzarán las visitas sorpresa a establecimientos comerciales, bares, licoreras y restaurantes, así como los puestos de control en los principales corredores viales del departamento.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes para que adquieran licores únicamente en sitios autorizados, verifiquen el estado de las tapas, etiquetas y estampillas, y denuncien cualquier irregularidad que ponga en riesgo el bienestar de la comunidad.
