Una fachada de oportunidades laborales en Europa terminó convirtiéndose en una pesadilla de explotación sexual para varias mujeres en Medellín. La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada a la trata de personas, logrando la captura y judicialización de dos de sus presuntos integrantes principales en territorio colombiano.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada del Grupo de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, la organización estaba conformada por al menos cinco personas, de las cuales tres operaban en España y dos en la capital antioqueña: Andrés Felipe Zapata Villa y Ana María Gómez Garzón.
El rol de Gómez Garzón dentro del esquema criminal era el de cazatalentos bajo una fachada de aparente normalidad. Aprovechando su oficio como manicurista, identificaba minuciosamente a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad económica o social. Tras ganarse su confianza, las perfilaba y convencía de aceptar supuestas ofertas laborales en Lérida, España, con promesas de altos ingresos y estabilidad.
Por cada mujer que aceptaba la oferta y concretaba el viaje, la manicurista recibía un pago de 600.000 pesos, dinero que no iba directamente a sus manos, sino que era abonado como parte de una deuda previa que sostenía con Zapata Villa.
Una vez captadas las mujeres, entraba en acción Zapata Villa. El hombre se encargaba de financiar y estructurar toda la logística del traslado internacional: compraba los tiquetes aéreos, gestionaba las reservas de hoteles y entregaba fajos de euros en efectivo para que las víctimas pudieran fingir solvencia económica ante las autoridades migratorias y pasar los controles fronterizos sin levantar sospechas.
Asimismo, coordinaba la recepción de las afectadas en Europa con los demás cómplices en el exterior. La investigación documentó de manera formal el caso de dos mujeres que cayeron en la red. Tras pisar suelo europeo entre junio y julio, fueron sometidas a un violento régimen de control: amenazas constantes, restricciones absolutas de movilidad y coacción para ejercer actividades sexuales con el fin de pagar una supuesta deuda por el viaje.
El cerco judicial se cerró gracias a un operativo articulado entre la DIJIN de la Policía Nacional, la Comunidad de Policías de América (Ameripol) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes ejecutaron las capturas de la pareja en Medellín.
Durante las diligencias de registro y allanamiento a la residencia de Zapata Villa, las autoridades hallaron pruebas contundentes de las finanzas ilegales de la organización: una caja fuerte que guardaba 32.170 euros y 106 millones de pesos colombianos en efectivo.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir y trata de personas. A Zapata Villa, adicionalmente, se le formuló cargos por lavado de activos. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad ante los señalamientos del ente acusador.
Al evaluar la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Zapata Villa, mientras que a Gómez Garzón le fue concedida detención domiciliaria. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación internacional para dar con el paradero de los otros tres implicados en territorio español.
