Durante este miércoles 3 de junio, la Fiscalía General de la Nación judicializó a María Constanza García Aguirre, propietaria de un supuesto hogar de protección canina ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa, tras constatarse las deplorables condiciones en las que mantenía a más de 300 perros.
El lugar, que operaba bajo la fachada de ser un refugio dedicado a la recuperación de animales en situación de calle, y que incluso recibía donaciones y aportes de la ciudadanía para su manutención, funcionaba en realidad como un centro de hacinamiento. Tras diligencias coordinadas entre el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), las autoridades revelaron la realidad de las condiciones en que se encontraban.
Las inspecciones realizadas permitieron documentar que los animales vivían encerrados en un entorno sin la estructura ni los recursos mínimos necesarios. Los caninos carecían de acceso a agua y alimento suficiente, lo que derivó en graves afectaciones para su salud física y emocional. “Se constató que en el inmueble se alcanzaron a albergar en encierro a más de 300 perros en condiciones que comprometían su salud y bienestar. Algunos presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones”, indicó la Fiscalía General de la Nación.
Como consecuencia de estos hallazgos, un fiscal del grupo GELMA imputó a García por el delito de maltrato animal. Durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos presentados. Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia sobre los refugios de animales y la responsabilidad de quienes asumen el cuidado de seres indefensos, reafirmando el compromiso de las autoridades por sancionar actos que vulneran la integridad de los animales.
