Mediante la resolución emitida hace unos meses por parte del Ministerio de Transporte, las reglas de juego para los vehículos de micromovilidad en Colombia tendrán un nueva normativa, que promoverá el uso de estos vehículos, siendo la primera vez que se incluyen en una clasificación oficial. ¿Qué cambia con esta normativa?
La fisonomía de las calles en el país está cambiando. El zumbido silencioso de las patinetas, bicicletas y motos eléctricas es ahora parte del paisaje urbano, consolidándose como la alternativa preferida para quienes buscan evitar el tráfico y reducir su huella de carbono. Sin embargo, este avance hacia la sostenibilidad no viene sin reglas.
El ministerio, a través de la resolución 20263040030675 de 2026, establece requisitos mínimos de seguridad para los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Urbana (VELMPU). Entre ellos, sistemas de frenado, iluminación frontal y trasera, avisador acústico, limitador de velocidad, visualizador de batería y velocidad, luces direccionales y mecanismos que impidan la velocidad máxima del vehículo.
Uno de los aspectos más significativos para la tranquilidad de los transeúntes es la prohibición de transitar sobre andenes, aceras o infraestructura exclusivamente peatonal. La resolución determina que en espacios recreativos o deportivos la velocidad no podrá superar los 25 km/h, mientras que para desplazarse por la calzada vehicular el límite permitido será de hasta 40 km/h.
Además, con el fin de facilitar el control por parte de las autoridades de tránsito, a partir del 1 de enero de 2027 será obligatorio portar una lámina de identificación técnica que detalle la marca, el modelo, el peso, la potencia y la serie del vehículo.
Sobre el alcance social de esta medida y la necesidad de ordenar el tránsito, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó la relevancia del nuevo reglamento. ”La micromovilidad llegó para quedarse y necesitaba reglas claras. Con esta reglamentación damos un paso decisivo para proteger la vida de los usuarios, brindar seguridad jurídica a fabricantes y autoridades, y consolidar alternativas de movilidad sostenible que contribuyan a ciudades más seguras y eficientes”, dijo.
La norma contempla también directrices para el ingreso de estos dispositivos a los sistemas de transporte masivo, lineamientos de gestión ambiental para el reciclaje de componentes y protocolos de emergencia para la manipulación de baterías de litio.
Durante los primeros tres meses de vigencia, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantarán una fase estrictamente pedagógica y de divulgación, priorizando la pedagogía sobre las sanciones.
