Tras la reciente jornada de comicios, el presidente de la República sacudió al país al denunciar públicamente la existencia de un presunto fraude electoral. El jefe de Estado aseguró poseer las bases comprobadas de las irregularidades, advirtiendo que desconocerá los datos del preconteo emitidos por el sistema informático y que está dispuesto a llevar las pruebas recolectadas ante las autoridades judiciales competentes para defender la transparencia democrática.
El mandatario centró su acusación en el software de preconteo operado por Thomas Greg & Sons, la firma de los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, señalando fallas en las garantías del proceso debido a la aparente falta de cooperación de la autoridad electoral. Según explicó el presidente, a través de su cuenta de Facebook, el registrador nacional se negó a entregar el código fuente de la plataforma, un elemento que calificó como el requisito básico para blindar las votaciones. Petro sustentó sus sospechas recordando que, “por sentencia plena del Consejo de Estado de 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera.”
El presidente afirmó que, pese a que la norma legal exige mantener el sistema completamente inalterado durante la recta final de la campaña, el software sí fue modificado, y de manera doble, el pasado 26 de mayo de 2026. Según sus declaraciones, la primera alteración habría quedado registrada a la 1:21 P.M., mientras que la segunda ocurrió a las 7:21 P.M.
Dichas modificaciones corresponden a alteraciones clandestinas en la División Político Administrativa (DIVIPOL) y el sistema electoral gestionado por los hermanos Bautista. Según las revelaciones del mandatario, el censo oficial fue inflado ilegalmente al pasar de 41.421.973 a 42.307.373 ciudadanos, sumando 885.409 cédulas no inscritas legalmente. A esto se añade un incremento irregular en la infraestructura electoral, con la creación de 696 puestos de votación y 1.493 mesas adicionales (sumando 122.020 en total), las cuales, según el jefe de Estado y una investigación de El Tiempo, habrían operado al margen del escrutinio oficial.
La denuncia también señala una anomalía en el rendimiento de 5.300 mesas, donde se registraron entre 300 y 700 votos por mesa, cifras que superan la capacidad física y los tiempos permitidos por la jornada electoral. El presidente enfatizó que estas inconsistencias no son un dato menor, ya que es precisamente en este bloque de mesas cuestionadas donde se concentra la ventaja electoral de 635.000 votos con la que Abelardo supera a Cepeda, poniendo en duda la legitimidad del proceso.
Tras estas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, se pronunciaron señalando “su su pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país” y al papel que desarrolla la Registraduría Nacional del Estado Civil. A este respaldo, se le han sumado instituciones como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia y líderes de opinión alrededor del país.
Sin embargo, Petro mantiene sus afirmaciones respaldado con un documento excel, el cual contiene la evidencia estadística de los puestos de votación donde se realizaron dichas alteraciones. El primer mandatario sostiene en esta última publicación que, “el escrutinio sobre estas mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos, sino comparando los listados de votantes con el E-11 y con el censo electoral oficial entregado hace dos meses”.
Al finalizar la redacción de esta nota, la Registraduría Nacional del Estado Civil, se pronunció rechazando las afirmaciones del primer mandatario, aclarando que el censo electoral de 41.421.973 ciudadanos fue cerrado formalmente el 30 de abril y socializado previamente con todas las campañas políticas. Sobre la capacidad de las mesas, la entidad explicó que el tope de votantes varía entre 360 y 1.200 según el puesto, desmintiendo que registrar más de 300 votos por mesa sea una anomalía, y recordó que estos resultados fueron validados por jueces de la República en las comisiones escrutadoras.
Respecto a las supuestas modificaciones técnicas, la Registraduría precisó que no se alteró el software, sino que el 26 de mayo se entregó información oficial a los auditores de los partidos como ejercicio de transparencia. Finalmente, el organismo aseguró que el proceso electoral ha contado con acompañamiento constante de entes de control, denunció la circulación de formularios E-14 alterados con inteligencia artificial en redes sociales e instó a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a continuar vigilando la transparencia de la segunda vuelta presidencial.
