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SIC sanciona a Corabastos por barreras al comercio mayorista

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó el día de ayer, 6 de mayo, a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos) y a dos directivos vinculados, tras hallar pruebas de conductas orientadas a restringir la libre competencia económica dentro de la central mayorista más importante de Colombia.

La investigación administrativa determinó que Corabastos utilizó su reglamento interno para crear barreras artificiales que impedían el ingreso de nuevos comerciantes bajo criterios discriminatorios. Según la SIC, estas modificaciones reglamentarias, efectuadas en 2022, limitaron la participación de nuevos agentes y frenaron presiones competitivas que habrían derivado en mejores precios y mayor variedad para los consumidores finales. 

Foto: Corabastos

Corabastos es considerado un “nodo esencial” e irreproducible para la economía nacional. Por sus bodegas pasa más del 30% del abastecimiento de productos agroalimentarios de todo el país, lo que convierte a la central en el principal termómetro para la formación de precios que luego afectan a tiendas de barrio, supermercados y hogares colombianos. 

A través de la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026, la SIC impuso multas que ascienden a los $260.063.219 para la sociedad y más de $71 millones para las personas naturales involucradas. La entidad fue enfática al señalar que este tipo de restricciones no solo afectan a los comerciantes, sino que vulneran el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta.

Foto: SIC sanciona a Corabastos por prácticas que limitan la libre competencia – El Dorado Radio 99.5 FM

Además de las sanciones económicas, la Superintendencia impartió órdenes administrativas de cumplimiento inmediato. Corabastos deberá ajustar toda su normativa interna para eliminar los elementos anticompetitivos identificados y garantizar un acceso equitativo a su infraestructura, asegurando que su operación futura se ajuste estrictamente a la ley.

“Esta decisión busca prevenir prácticas abusivas en una infraestructura crítica para la seguridad alimentaria nacional”, subrayó el ente de control. Por el momento, la decisión se encuentra en proceso de notificación y contra ella procede el recurso de reposición ante el despacho de la Superintendente.