La violencia digital en redes sociales es un hecho latente en la actualidad. El Ministerio de Justicia comenta que en entornos digitales se presentan actos de ciberacoso, extorsión, publicación de imágenes, audios y videos de contenido explícito o dañen la buena honra de la persona involucrada, invadiendo la intimidad y dañando la salud física y mental de los involucrados.
En octubre de 2025 , Stephany Dayana Ortiz, gestora social de Arauca, presentó ante la ley una tutela en contra de Cristian Camilo Paredes, influenciador y creador de contenido de redes sociales conocido como “El Topo” por acoso e insultos a través de redes sociales sobre su cuerpo e imagen.
La gestora se sintió vulnerada de manera sistemática desde mayo de 2025 con contenidos digitales como textos, imágenes, fotomontajes y videos en sus perfiles de facebook que consideraba hostiles, humillantes, degradantes, estigmatizantes y de contenido malicioso hacia su cuerpo y buen nombre. Los hechos ofensivos se irguieron presentando incluido después del fallo de segunda instancia de 2025
De acuerdo con la investigación Paredes realizaba comentarios y publicaciones directas a la implicada refiriéndose a las cirugías estéticas y apariencia física, con textos en sus publicaciones de “Bisturí, cámaras, acción” o “¿Qué opinan ustedes? ¿Mal procedimiento, mala calidad del bótox o fue un golpe en la cara? La sonrisa más falsa del mundo” o realizar encuestas como “¿cómo les parece físicamente la gestora social? A) Muy plástica, B) Muy bonita; C) Como la mujer de un Narco, D) Desproporcionada”, además de atentar con su buen nombre con comentarios machistas y que tildaban a la dama gestora como “Bueno, a lavar platos y hacer aseo en la casa, que eso de gestoría es puro show y corrupción”.
La corte le ordenó al creador a través de la sentencia T-348 de 2026 de retirar un total de 28 publicaciones identificadas con actos violencia de género digital y tendría un plazo de 48 horas desde la notificación, además de abstenerse a publicar contenidos qué visualicen, instrumentalizan o degraden a la gestora social mediante estereotipos de género. También debe publicar en sus dos cuentas de Facebook una disculpa así a la gestora social y estos comentarios que vulneran y dañan la integridad de la gestora, además de realizar capacitaciones sobre la igualdad de genero o violencia contra las mujeres en espacios digtales. De acuerdo a esto, debe publicar y difundir la sentencia en sus dos perfiles. La corte aclaró que la libertad de expresión no puede utilizarse como justificación para violencia de género y explicó que no prohíbe al creador de dar críticas o actuaciones sobre la gestión de cualquier funcionario público pero tampoco aprobó que los funcionarios públicos en este caso la gestoría tendría que soportar ataques contra su cuerpo, sexualidad y vida privada.
Por esto, la corte constitucional estableció y recordó los límites los ataque en contra de las mujeres en redes sociales y reconocer hasta qué punto se convierte en una crítica a las funciones a un ataque personal como insultos o ataques al aspecto físico de una mujer en redes sociales.
Libertad de expresión y taques un línea; delgada que cualquiera puede pasar
Según la constitución política colombiana en el artículo 20 todo ciudadano tiene derecho a libertad de expresión e información pero también los artículos 15 y 21 protegen el buen nombre y honra de cualquier persona a menos que se demuestre lo contrario frente a un juez y respectivas pruebas. Cuando un ciudadano lo utiliza hay una delgada línea entre libertad de expresión e insultos o maltrato físico y psicológico por tal motivo trata la sentencia SU-420 de 2019 que establece los límites dentro el entorno digital para cualquier persona.
Un estudio del Observatorio para la Equidad de las Mujeres y el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), con una participación de 4570 mujeres se reportó que el 53% sufre de violencia de género en medios digitales y se reportó que 68,3% de las mujeres utilizan los medios digitales como herramienta fundamental para el desarrollo de sus actividades. Según la Defensoría y Corte Constitucional, las mujeres que reciben ataques sobre su cuerpo, su vida privada y su credibilidad dentro de entornos políticos y quienes están expuestas políticamente están más propensas a recibir este tipo de hostigamientos constantes. Por eso las corte comenta que se deben diferenciar estas dos líneas y no se debe soportar estos tratos a través de línea siendo estos posible denunciados.
El pasado 4 de noviembre la Defensoría del Pueblo, junto con la Corte Constitucional y la Universidad de Manizales, realizó un taller práctico dirigido a víctimas del conflicto armado, lideresas, líderes comunitarios, estudiantes y representantes de diferentes organizaciones sociales. Durante el ejercicio se abordaron los límites de la libertad de expresión y las situaciones de violencia digital basada en género, a partir de un caso hipotético en el que una periodista que investigaba la contratación municipal era víctima de ataques sexistas, amenazas, divulgación de información familiar y manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial. La actividad permitió analizar los criterios establecidos por la Corte Constitucional frente a estas situaciones y dar a conocer las rutas de atención disponibles en la Defensoría del Pueblo para las personas afectadas.
