Con la expedición del decreto 1032 del 24 de marzo, en articulación con varias entidades nacionales, el gobierno nacional anunció el Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado que será aplicable, hasta el momento, exclusivamente a grandes prestadores de estos servicios públicos en el país. Serán beneficiados, principalmente, las zonas urbanas, representadas en 30 millones de usuarios.
Cinco años, un proceso amplio de revisión pública al que fueron sometidos los estudios técnicos de soporte y una consulta pública donde se recibieron 1,631 aportes, entres sugerencias, observaciones y reparos, duró el proceso para crear la nueva normativa que será aplicada para los prestadores que atienden a más de 5.000 suscriptores, ubicados mayoritariamente en zonas urbanas.
Según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), “se adopta un esquema regulatorio de carácter diferencial, que articula consideraciones económicas con un enfoque basado en derechos, procurando un equilibrio entre la garantía de los estándares asociados al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico”. Es decir, se tendrán en cuenta variables como la continuidad del suministro, calidad del agua, eficiencia operativa, cobertura y condiciones ambientales. Así como asegurar el “mínimo vital” en el que se garantiza el consumo básico para estratos 1 y dos, disposición que varía según el territorio.
Según el medio El Portafolio, “uno de los cambios más relevantes para los usuarios es el que tiene que ver con las inversiones. Bajo el marco anterior, las empresas podían cobrar proyectos que nunca ejecutaban”, por lo que este nuevo esquema trasladará a la factura de los usuarios solo el cobro de las obras que se hayan materializado. Un factor que, evidentemente, el usuario verá reflejado en su factura. “No tiene sentido que al usuario se le cobre por cosas que no se han hecho, que no se han materializado”, señaló a El Portafolio Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos.
Entonces, ¿cambiarán las tarifas este año?
Según la resolución emitida, se establece el siguiente cronograma para la transición y aplicación de los nuevos costos:
- Inicio de aplicación de la nueva metodología: La fecha oficial para empezar a aplicar este nuevo marco tarifario es el 1 de julio de 2026.
- El nuevo Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) debe proyectarse desde el primer año tarifario, el cual inicia formalmente en enero de 2027.
- A partir del inicio, se realizarán recálculos cada año. Por ejemplo, el primer recálculo de impuestos y tasas se hará con la información del año 2026
La medida generó alertas en su transición y cuestiona disminución de costo en la factura
Tras conocerse el nuevo esquema, las alertas y críticas al respecto no demoraron en salir. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones, (Andesco) alertó sobre “los riesgos que podría generar su implementación en las condiciones actuales, tanto para la sostenibilidad de las empresas como para los usuarios”.
La asociación expone que, si bien el país necesita una regulación moderna, sólida y orientada a la sostenibilidad, la forma en la que el gobierno adelantó este proceso no es la adecuada. Asuntos como la posibilidad de una participación efectiva, más allá de un asunto meramente formal, no se tuvo en cuenta en los estudios actuales. Así mismo, Andesco advierte sobre “una ausencia de un periodo de transición adecuado” al considerar el inicio de la vigencia de este nuevo esquema el 01 de julio de este año, “pese a que su implementación exige la realización de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información, validaciones técnicas y la articulación de actuaciones con autoridades territoriales”. La organización, advierte que, normalmente estos procesos demoran entre 6 y 11 meses.
Otra de las preocupaciones por parte de esta asociación son los incrementos en los precios de las tarifas, contrario a lo que pretende el gobierno nacional. Según los análisis realizados por Andesco, indican que “las nuevas obligaciones asociadas a inversiones ambientales y gestion el riesgo, la formulación e implementación de planes y la imposición de un estándar de reducción de pérdidas implicaría altas inversiones que generarían presiones al alza”.
En ese sentido, el gremio hace un llamado a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) para revisar de manera integral las condiciones de implementación del nuevo marco tarifario.
