La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha entrado en su etapa definitiva. Este martes, la Fiscalía General de la Nación obtuvo siete órdenes de captura contra los máximos cabecillas del estado mayor de la ‘Segunda Marquetalia’ y el principal coordinador del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El ente acusador confirmó que el crimen no fue un hecho aislado, sino una operación estructurada bajo la modalidad de outsourcing criminal, donde la disidencia de las Farc contrató a una red urbana para ejecutar el plan que buscaba desestabilizar el proceso democrático del país.
Las órdenes judiciales afectan directamente a Kendry Téllez Álvarez, señalado como el articulador y responsable de la planeación, coordinación y financiación del asesinato. Por línea de mando, la medida también cobija a los principales jefes de la organización armada: Iván Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Géner García Molina, alias ‘Jhon 40’; Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias ‘Rusbel’; Diógenes Medina Hernández, alias ‘Gonzalo’; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’. A todos se les imputan los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
El rastro investigativo reveló que Téllez Álvarez habría sido el puente entre la cúpula guerrillera y los ejecutores materiales. Según el expediente, a comienzos de 2025, el señalado coordinador contactó a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, tras una reunión organizada en la frontera con Venezuela con alias ‘El Zarco’. En dicho encuentro se habría fijado el objetivo y se pactó el pago de 1.000 millones de pesos por la vida del legislador, siguiendo instrucciones de la alta jerarquía de la ‘Segunda Marquetalia’ para generar un impacto directo en los procesos políticos de Colombia.
“El asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial. Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”, enfatizó la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. La funcionaria subrayó que el ataque fue una operación de filigrana criminal que involucró tanto al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) como a una red delictiva contratada específicamente para el golpe en el occidente de la capital.
Hasta la fecha, el trabajo conjunto entre el CTI y la Policía Nacional ha permitido la judicialización de nueve implicados, de los cuales tres ya han sido condenados mediante preacuerdo. Entre las sentencias destacan la de alias ‘El Viejo’, enlace clave en la operación, condenado a más de 22 años de prisión, y la de los logísticos Carlos Mora González y Katherine Andrea Martínez. Con el cierre de esta fase, la Fiscalía apunta ahora al corazón de la estructura armada, reafirmando que el crimen del senador fue un ataque directo contra la institucionalidad del país.
