En una decisión que marca un hito histórico tras casi tres décadas de crecimiento desmedido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha aprobado un acuerdo que pone un freno radical a la urbanización descontrolada en las zonas rurales de Bogotá y Cundinamarca.
Esta medida, según la autoridad ambiental,no es solo un trámite administrativo, sino también un pacto por la supervivencia del agua, los ecosistemas y la vocación agrícola de la región, que hoy se ve asfixiada por el asfalto. La nueva normativa exige que los municipios y el Distrito Capital adopten umbrales mucho más estrictos en sus planes de ordenamiento (POT, PBOT y EOT), fijando condiciones para densidades máximas en el suelo rural suburbano. El propósito de esta regulación no es detener el progreso, sino asegurar que el crecimiento sea ordenado, responsable y plenamente compatible con la capacidad ambiental del territorio a largo plazo.
La decisión se sustenta en una realidad técnica revelada por estudios conjuntos con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y la CAR, los cuales evidencian la fragilidad del entorno. Los datos arrojan que el 25,5 % del territorio presenta índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos, mientras que 15 municipios enfrentan un riesgo elevado asociado al cambio climático y otros 28 ya han superado su capacidad de carga ambiental debido a la ocupación rural.
“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, precisó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.
Para contrarrestar esta presión, la CAR ha tomado medidas como la reducción de los topes de vivienda en suelo campestre, que pasarán de permitir ocho casas a solo dos por hectárea, evitando así que se siga sobrepasando la resistencia de los ecosistemas locales. Uno de los puntos más humanos y vitales de este acuerdo es el blindaje a la seguridad alimentaria mediante la protección de suelos con alta capacidad agrológica, fundamentales para el equilibrio regional.
Además, el acuerdo establece una “regla de oro” basada en la Ley 99 de 1993: al menos el 70 % del área de los proyectos suburbanos deberá destinarse exclusivamente a la conservación y restauración de vegetación nativa. Esta metodología tendrá un carácter dinámico, lo que permitirá ajustar las condiciones de ocupación en el futuro según se logren mejoras ambientales o avances en la restauración de la biodiversidad.
