Un juez de control de garantías dictó, el pasado domingo 29 de marzo, medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia contra José Arturo Figueredo, quien se desempeñaba como inspector en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, Cundinamarca. El funcionario es señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de acosar y abusar sexualmente de tres guardas de seguridad, aprovechando su cargo y la subordinación de las víctimas para cometer los delitos.
Según el ente acusador, los hechos ocurrieron de manera sistemática entre 2022 y 2025 dentro de las instalaciones de la inspección. El material probatorio recaudado da cuenta de cómo Figueredo utilizó su posición de poder y jerarquía para someter a tres mujeres, de 23, 30 y 42 años, a insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual durante sus turnos de trabajo.
El caso tomó relevancia nacional en diciembre de 2025, cuando una de las víctimas, Dalin Selena Monsalve, de 23 años, hizo público un video grabado en su puesto de trabajo. En la grabación se observa cómo el inspector la hostiga física y verbalmente; a pesar de la negativa explícita de la mujer, el funcionario intensificó el contacto físico y los comentarios de índole sexual. Tras la denuncia pública, la Fiscalía acreditó a otras dos mujeres de 30 y 42 años que también habrían sido víctimas del mismo modus operandi bajo el cual el procesado ejercía actos en contra de su voluntad.
Por estos hechos ocurridos entre 2022 y 2025, una fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. pic.twitter.com/R5EaVRNnAl
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 29, 2026
El pasado domingo 29 de marzo, la Fiscalía General anunció que una fiscal del Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le impuntó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. Este último tras conocerse que una de las víctimas habría abusado sexualmente de una de las mujeres.
A pesar del material probatorio, el procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia con monitoreo de dispositivo electrónico, más conocido como casa por cárcel.







