El escándalo de corrupción que sacudió los cimientos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha llegado a un punto de quiebre judicial. La Fiscalía General de la Nación anunció este 17 de abril la radicación formal del escrito de acusación contra el exdirector de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez, señalándolo como el articulador de un complejo entramado diseñado para desviar recursos públicos destinados a las comunidades más vulnerables del país.
Ante la contundencia del material probatorio recaudado por el ente acusador, López a través de su defensa, manifestó mediante un oficio su voluntad de aceptar los cargos de manera voluntaria. Este movimiento procesal encamina al exfuncionario hacia una sentencia anticipada por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, lo que agilizaría el cierre de uno de los capítulos más oscuros en la administración de emergencias en Colombia.
¿Por qué se le acusa?
La acusación se centra en dos contratos específicos que, bajo la fachada de ayuda humanitaria, ocultaban un esquema de favorecimiento ilícito. El primero de ellos, según la Fiscalía, “favoreció a un contratista específico con la orden de proveeduría 192 de 2023, que contaba con un presupuesto de 48.600 millones de pesos” para la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira. Según la Fiscalía, este contrato fue direccionado para beneficiar a un contratista particular, permitiendo que terceros se apropiaran de 13.340 millones de pesos del erario.
Por este “favor” administrativo, los investigadores sostienen que el exdirector recibió una dádiva personal de 724 millones de pesos. Sin embargo, las irregularidades no terminaron allí. López también es señalado de orientar indebidamente la compra de otros 40 carrotanques pequeños a través de una corporación mixta indígena, en un negocio superior a los 29.000 millones de pesos donde se habrían esfumado otros 11.114 millones a manos del contratista.
La radicación de este escrito de acusación marca el fin de la etapa de investigación y el inicio de la fase de juicio oral. Al aceptar su responsabilidad en el direccionamiento de la contratación, Olmedo López busca beneficios procesales, pero deja al descubierto la fragilidad de los controles internos en una entidad cuya misión es salvar vidas, no alimentar arcas privadas.
“El procesado expresó su voluntad de aceptar los cargos para recibir sentencia de manera anticipada”, confirmó la Fiscalía, subrayando que las pruebas demuestran cómo el entonces ordenador del gasto direccionó contratos para favorecerse.
