El prolongado litigio jurídico por un terreno de 556 metros cuadrados en la vereda Bojacá, sector La Frontera, en el municipio de Chía, ha dado un vuelco importante. La Procuraduría General de la Nación intervino formalmente en el caso y emitió un contundente pronunciamiento a favor del comerciante Hernán Tovar Lombana, solicitando la revocatoria directa de la orden de desalojo que pesaba en su contra. El Ministerio Público calificó la actuación de las autoridades locales como una flagrante violación al debido proceso y advirtió sobre la existencia de anomalías que podrían acarrear responsabilidades penales y disciplinarias.
La disputa cobró relevancia pública cuando Tovar, quien ejerce derechos de posesión legítima sobre el predio desde el año 2015, denunció que la administración municipal y la Constructora Exalta S.A.S. pretendían despojarlo de su predio. Según la denuncia, ante la negativa del comerciante de vender su terreno, la constructora y la Alcaldía habrían pactado incluir dicho lote como parte de las “cesiones obligatorias” de espacio público para el proyecto urbanístico residencial “Palo de Rosa”. Esto se tradujo en la firma de la escritura pública No. 4357 del 30 de diciembre de 2021, y en una posterior orden de policía (la No. 115-2023) que declaraba a Tovar “contraventor” y le exigía la restitución inmediata del bien a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (IDUVI).
Los hallazgos de la Procuraduría
La Procuradora 4ª Judicial II Ambiental y Agraria de Bogotá, Alba Rocío Ávila Ávila, desvirtuó por completo la legalidad de los procedimientos ejecutados por la Inspección de Policía. Tras revisar el expediente, el órgano de control determinó que el predio en disputa no puede ser catalogado como espacio público. La Procuraduría fundamentó su posición en los siguientes puntos:
- Inexistencia de la entrega material: Aunque existe una escritura de cesión firmada, la constructora Exalta nunca realizó la entrega real, material y física de la zona al municipio, precisamente porque el terreno ha estado ocupado históricamente por Tovar.
- Incumplimiento de la norma urbanística: la Procuraduría recordó que para que un área cedida se incorpore legítimamente al espacio público, el urbanizador debe entregar primero las obras y dotaciones contempladas en la licencia (como parques o zonas verdes). El propio IDUVI admitió mediante oficio el pasado 16 de abril de 2026 que dicha entrega jamás se consolidó debido al pleito vigente.
- Falta de delimitación y linderos: En julio de 2022 se decretó un statu quo que obligaba a cerrar el negocio de Tovar, condicionando la reapertura a un alinderamiento técnico por parte del IDUVI. El Ministerio Público descubrió que dicha delimitación topográfica nunca se hizo, lo que vicia la claridad y precisión de cualquier orden judicial.
- Indicios de falsedad ideológica: La Procuraduría calificó como “anómala e irregular” la resolución de la Inspección de Policía que afirmaba falsamente haber determinado el área en una visita técnica de mayo de 2022, advirtiendo que este hecho compromete penalmente al funcionario que firmó el documento.
Un despojo arbitrario e injusto
“Evidente se cometieron muchas arbitrariedades en contra de Hernán Tovar, perjudicando económicamente como psicológicamente tanto a él como a su familia”, señaló ante este medio, Marta Molina, abogada de Hernan Tovar. La procuradora Ávila Ávila fue enfática al señalar que no es jurídicamente aceptable “utilizar un proceso policivo de protección al espacio público para que una constructora cumpla con su obligación de hacer la entrega material del área ofrecida al municipio”, pasando por encima de un ciudadano que detenta físicamente el predio desde hace más de una década.
De esta manera, la Procuraduría solicitó formalmente al Inspector Sexto de Policía Urbana de Chía revocar de manera inmediata la orden de restitución y proferir una nueva decisión ajustada a la Constitución y al Estado de Derecho.
El pronunciamiento de la Procuraduría le devuelve el oxígeno a Hernán Tovar y a su familia, quienes tras el cierre de su negocio en 2022 reportaron quedar sumidos en la quiebra económica y con millonarias deudas bancarias. Este caso sienta un precedente al evidenciar los peligros que las herramientas del poder local y los procesos policivos se utilicen de forma presuntamente amañada para favorecer los cronogramas y obligaciones de grandes firmas constructoras a costa de los derechos de los pequeños poseedores.
