En una decisión administrativa proferida el pasado 15 de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $4.679 millones de pesos a Colombia Telecomunicaciones, conocida comercialmente como Movistar. La sanción responde al incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la portabilidad numérica, un derecho esencial que permite a los usuarios cambiar de operador conservando su número telefónico, y que habría sido vulnerado sistemáticamente por la compañía.
La investigación de la entidad regulatoria se originó tras recibir denuncias de diversos operadores del sector, lo que llevó a la SIC a poner bajo la lupa las prácticas de Movistar. Según el ente de control, se comprobó que la empresa no entregó oportunamente, y en varios casos omitió por completo, el NIP de confirmación a los usuarios que deseaban trasladar su línea. Este código funciona como una llave de seguridad indispensable para validar la identidad del titular y permitir que el nuevo operador inicie el trámite de recepción de la línea.
Además de las fallas en la entrega del NIP, la SIC detectó que Movistar realizó actividades de recuperación de clientes de manera irregular durante el proceso de transición. La empresa habría enviado mensajes con ofertas comerciales a los usuarios incluso antes de remitirles el código solicitado, entorpeciendo el flujo natural de la portación y afectando la libre elección del consumidor. Para la autoridad, estas conductas representan una infracción a los tiempos y procedimientos específicos establecidos para garantizar que el proceso de portabilidad sea eficaz y transparente.
La medida impuesta no solo busca castigar el incumplimiento, sino prevenir la reiteración de estas conductas que afectan el dinamismo del mercado de telecomunicaciones. En su pronunciamiento, la SIC señaló además que la operadora no presentó soportes que demostraran el cumplimiento de las medidas preventivas previas. Contra este acto administrativo sancionatorio, Movistar aún tiene la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación ante las instancias correspondientes de la Superintendencia.
Finalmente, la SIC reiteró su compromiso de velar por los derechos de los consumidores en el entorno digital y de comunicaciones. La entidad aseguró que continuará fortaleciendo su vigilancia para evitar abusos de posición dominante y garantizar que los usuarios puedan ejercer su derecho a elegir libremente al prestador de servicios que mejor se ajuste a sus necesidades, sin trabas administrativas ni presiones comerciales indebidas.
