La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la viabilidad ambiental para la modificación del proyecto de transmisión eléctrica UPME 03-2010 Subestación Chivor II y Norte 230 kV, en el tramo Norte–Bacatá. Con esta decisión se da luz verde a la ejecución de la totalidad del trazado de 162 kilómetros que cruza por 13 municipios de Cundinamarca y siete de Boyacá, una obra clave para blindar el suministro de energía en Bogotá y el centro de Colombia.
El ajuste aprobado por la autoridad ambiental contempla 11 variantes de trazado que abarcan cerca de 11,48 kilómetros y la autorización para construir 24 sitios de torres distribuidos en los municipios de Cogua, Zipaquirá, Tabio y Subachoque. Estas modificaciones responden a un rediseño técnico orientado a optimizar la infraestructura y reducir los impactos ambientales y sociales en los territorios de la Sabana Centro.
La evaluación técnica incorporó un proceso de concertación y diálogo ciudadano desarrollado durante el primer semestre de 2026, que incluyó reuniones informativas en abril y una Audiencia Pública Ambiental en mayo en Cogua, Tabio y Subachoque, sumando cientos de intervenciones presenciales y virtuales.
Según la autoridad ambiental, los aportes comunitarios permitieron fortalecer los Planes de Manejo Ambiental en aspectos como la protección de fuentes hídricas, la conectividad ecológica y el impacto socioeconómico en los predios productivos. “En estos escenarios, la comunidad y demás actores sociales presentaron observaciones, inquietudes y aportes que fueron considerados durante la evaluación técnica y la toma de decisiones de la Autoridad”, señaló el ANLA.
Además, el análisis contó con el respaldo científico del Instituto Alexander von Humboldt, la asesoría del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para la protección del patrimonio arqueológico y la verificación de estándares sobre campos electromagnéticos con el Ministerio de Minas y Energía.
Sin embargo, este licenciamiento ya generó reacciones en sectores ambientalistas. La ONG Ruralia Urbana, señaló a través de Facebook que “la resolución ANLA al otorgar viabilidad ambiental a la modificación del proyecto UPME 03-2010 evidencia la primacía de los criterios de expansión de infraestructura energética sobre la protección ambiental efectiva y el principio de precaución”.
Para esta organización, este trazado eléctrico “genera una afrenta directa contra la integridad ecológica de la región”, donde habitan especies como el tigrillo lanudo, una especie de especial protección, además de una presunta afectación a bosques de niebla. “La remoción de vegetación nativa en zonas de bosque altoandino y de niebla afecta los procesos de condensación y captura de agua atmosférica”, señaló la organización.
Por su parte, Irene Vélez Torres, directora de la ANLA, destacó que para “este caso, Chivor II permitirá responder a la demanda energética de Bogotá y el centro del país. La evidencia demuestra que le cumplimos a Bogotá y a la Transición Energética Justa de nuestro país”.
La decisión de la ANLA también exige incorporar un área adicional de 1,37 hectáreas al Plan de Compensación, destinadas estrictamente a acciones de restauración ecológica y recuperación de coberturas naturales.
