A través de la Sentencia T-513-25, emitida el pasado 11 de mayo, el alto tribunal advirtió que erradicar este flagelo exige “reconocerlo, nombrarlo y dimensionar su impacto”, exigiendo al Estado acciones contundentes de prevención e investigación.
El caso se originó cuando Carlos y su familia denunciaron hostigamientos raciales por parte de compañeros y docentes. Sin embargo, la institución educativa ignoró estas alertas y, por el contrario, expulsó al menor tras una confrontación física con un compañero, alegando que nunca recibió “denuncias formales” de discriminación.
Tras analizar las pruebas, la Corte determinó que el colegio aplicó un doble estándar discriminatorio. Mientras las quejas de Carlos por racismo fueron desatendidas, la institución fue rigurosa y sancionatoria cuando el menor se vio involucrado en un altercado, sin considerar el contexto de opresión sistemática que enfrentaba.
El fallo señala cuatro fallas críticas en la actuación del plantel:
- La exigencia de “formalidades” para activar rutas de protección, lo cual se convirtió en una barrera de acceso a la justicia.
- La falta de una investigación documentada y diligente sobre los ataques racistas.
- La ausencia total de medidas de protección para la víctima.
- El incumplimiento de la inversión de la carga de la prueba, estándar que obliga a la institución a demostrar que no discriminó cuando se alegan criterios de raza.
La Corte ordenó el reintegro inmediato de Carlos, si él así lo desea, y exigió un acto pedagógico público contra el racismo en la institución. Además, el colegio deberá ajustar su manual de convivencia y capacitar a todo su personal en enfoque étnico-racial y derechos humanos.
A nivel gubernamental, el fallo ordena a la Secretaría de Educación diseñar un protocolo específico para casos de discriminación racial e investigar las irregularidades del proceso contra el estudiante. Asimismo, exhortó al Ministerio de Educación a asegurar la implementación de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes y crear un módulo étnico-racial en el Sistema Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).
Esta sentencia recuerda que los entornos educativos no son ajenos a los sistemas de opresión histórica y que el silencio institucional frente al racismo es, en sí mismo, una forma de violencia. Con estas medidas, se busca que las aulas dejen de ser espacios de reproducción de prejuicios para convertirse en territorios de verdadera equidad y respeto por la diversidad étnica de Colombia.
