La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó ayer, 11 de mayo, a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el delito de violación de los topes de gastos en campañas electorales. El organismo judicial sostiene que Roa, en su función de gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, permitió que los ingresos superaran los límites legales por 1.388 millones de pesos en la primera vuelta y 276 millones en la segunda vuelta. La investigación señala que el reporte contable entregado a la autoridad electoral no coincidía con los gastos reales destinados a logística, publicidad, transporte y eventos de cierre de campaña.
Este proceso judicial se añade a una imputación previa realizada el 11 de marzo por tráfico de influencias de servidor público, relacionada con la compra de un inmueble y su vínculo con contratos de la petrolera estatal. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ya había sancionado a Roa y a los partidos de la coalición Pacto Histórico al determinar que la financiación excedió los límites en más de 3.500 millones de pesos. Ante estos hechos, Roa solicitó una licencia no remunerada que comenzó tras un periodo de vacaciones, apartándose de la dirección de Ecopetrol desde abril hasta finales de junio de 2026 para atender los requerimientos de la justicia.
Según la Fiscalía, “los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato” indicó. La investigación revela, además, que los desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta y viceversa. Por su parte, Roa, se declaró inocente y no aceptó los cargos importados por la Fiscalía.
Mientras la defensa de Roa y el entorno del ejecutivo nacional enfrentan estas acusaciones, el caso se convierte en un referente crítico sobre el control del dinero en la política y las consecuencias legales para quienes administran las arcas de las campañas presidenciales, marcando un hito en la fiscalización de los recursos públicos y privados en el ejercicio del poder.
