Ayer, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, durante una audiencia relacionada con la masacre de líderes y menores en la comunidad de San José de Apartadó, reveló nuevas cifras relacionadas con el caso 03 que lleva la justicia transicional sobre los asesinatos ejercidos por la fuerza pública para pasarlos como guerrilleros. Esta revelación constituye un giro trascendental para la memoria histórica y la justicia transicional en Colombia
Este nuevo registro abarca un periodo comprendido entre 1990 y 2016, ya no entre los años 2006 y 2008, donde la cifra fue 6.402, consolidando datos provenientes de diversas fuentes oficiales y de la sociedad civil. La actualización es el resultado del cruce de información entre los informes de víctimas entregados a la JEP, los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, y los expedientes detallados de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. “Siempre hemos dicho que esa cifra (6.402) es un universo provisional de hechos. Es algo que puede aumentar”, dijo Ramelli.
Tras conocerse estas nuevas cifras, el Presidente de la República Gustavo Petro, se pronunció a través de cuenta de X, mencionando que “este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”. Para el mandatario, este universo de víctimas corresponden a la política del entonces gobierno de Álvaro Uribe Velez, conocida como seguridad democrática. “Son 7837 víctimas del estado por el fusilamiento sistemático de jóvenes en el gobierno de la mal llamada seguridad democrática, era la seguridad de la muerte total. 2.002/2010”, afirmó.
Por su parte, las cifras presentadas por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero vuelven a situar al departamento de Antioquia con un total de 1.932 víctimas que fueron ejecutadas en este territorio, lo que representa cerca del 25% del total nacional.
La cifra de 7.837 falsos positivos es un recordatorio doloroso de una deuda pendiente con la verdad. Al integrar los informes de la Fiscalía y la Procuraduría con el trabajo de campo de la JEP, el Estado colombiano reconoce que la tragedia fue aún más profunda de lo que se estimaba e incluso, según declaraciones del propio presidente de la JEP, la cifra puede seguir aumentando. Estos datos no son solo números, sino una exigencia de justicia y una advertencia sobre los peligros de priorizar resultados operativos sobre la dignidad humana, con la firme esperanza de que la sociedad colombiana logre blindarse para que estos hechos jamás vuelvan a repetirse.
