La Fiscalía General de la Nación el día 23 de junio imputó formalmente a dos trabajadores de la institución educativa Los Laures ubicada en la vereda Canelón de Cajicá, como presuntos responsables del delito de homicidio culposo.
La decisión judicial se tomó tras la investigación por la muerte de la niña de 10 años, Valeria Afanador, con diagnóstico de síndrome de Down, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en agosto de 2025. Los trágicos hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025 dentro de las instalaciones del plantel educativo.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los procesados, en su condición de empleados del colegio, presuntamente omitieron el deber de cuidado y protección que requería la menor de edad. Tras su desaparición en la escuela, el cuerpo de la estudiante fue encontrado el 29 de agosto de 2025 en el río Frío.
La Fiscalía vinculó formalmente a los siguientes empleados debido a conductas específicas de negligencia en sus funciones:
- Emily Vivian Fuentes Hernández (Docente): Se le señala de no haber vigilado adecuadamente los desplazamientos de la menor de edad que se encontraba bajo su cargo, omitiendo garantizar que la niña retornara de la zona del patio hacia el salón de clases.
- Danny Javier Ochoa Prada (Encargado de infraestructura): Es investigado por no realizar el mantenimiento preventivo correspondiente a las rejas de la institución, las cuales presentaban fallas que permitieron que la estudiante saliera del plantel con rumbo al río Frío.
La judicialización de estos trabajadores abre un doloroso pero necesario debate sobre los protocolos de seguridad, la infraestructura escolar y la protección prioritaria que demandan los niños y niñas con discapacidad en los entornos educativos. Este caso estremece que estremeció a la comunidad de Cajicá y Sabana Centro, deja en evidencia que el cuidado y la vigilancia dentro de las aulas no son un simple trámite, sino una responsabilidad donde cualquier descuido puede costar una vida inocente.
