La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el pasado 12 de abril en primer debate el Proyecto de Ley No. 412 de 2025. Esta iniciativa busca elevar la arepa a la categoría de símbolo de identidad nacional, establecer una fecha oficial para su celebración y designar al municipio boyacense de Ramiriquí como el epicentro cultural de este alimento, con el fin de proteger los saberes ancestrales y dinamizar la economía de miles de familias productoras.
La propuesta, liderada por la representante Ingrid Sogamoso, trasciende el reconocimiento simbólico para convertirse en un motor de reactivación económica a través del fomento a la economía popular. El proyecto contempla la creación de un Registro Único de Productores de Arepa, una base de datos nacional que permitirá al Gobierno identificar a quienes dependen de este oficio para integrarlos en programas de incentivos y apoyos gubernamentales. De esta manera, se busca que este producto insignia no solo sea un referente cultural, sino un pilar sólido para la comercialización nacional e internacional.
Sobre el impacto de esta medida, la representante Sogamoso manifestó: “la arepa no es solamente un alimento; es tradición, es cultura y es, sobre todo, economía popular. Este proyecto de ley lo que va a hacer es crear el Día Nacional, pero a la vez un registro único de productores de arepa para tenerlos identificados y poderlos incluir en bases de datos que le permitan al Gobierno Nacional incentivarlos y apoyarlos”. Sogamoso, enfatizó que el registro es inclusivo y está diseñado para beneficiar a productores de todos los departamentos y de todas las variedades regionales del producto.
Además del componente económico, el proyecto blinda la diversidad gastronómica del país al reconocer la arepa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Este estatus valora las múltiples técnicas e ingredientes que varían de una región a otra. Por otro lado, la designación de Ramiriquí como Capital Nacional de la Arepa coincide con su tradicional Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa, lo que potenciará el turismo local y posicionará al municipio como el referente obligatorio de esta cadena productiva.
Tras superar este primer debate con éxito, el proyecto se prepara para ser discutido en la plenaria de la Cámara de Representantes. De consolidarse como ley, Colombia no solo contará con un marco legal para proteger uno de sus alimentos más sagrados, sino con una estrategia clara para fortalecer la cadena del maíz y dignificar el trabajo de los miles de colombianos que, día tras día, convierten este grano en el sustento de sus hogares.
