La Procuraduría General de la Nación anunció el día de ayer, 3 de septiembre, formulación de pliego de cargos contra el exalcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, quien tuvo su mandato durante el periodo 2020-2023, tras detectar presuntas anomalías en la suscripción de un contrato de crédito por 40.000 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente del ente de control, el exmandatario habría celebrado la operación financiera sin contar con los estudios y diseños técnicos previos requeridos por el acuerdo municipal. Adicionalmente, según la Procuraduría, señala que Segura comprometió rentas del municipio como garantía de pago del empréstito sin la autorización expresa del Concejo Municipal.
Para el organismo disciplinario, la actuación del exfuncionario habría vulnerado su deber funcional como servidor público y comprometido los principios de legalidad, planeación, moralidad y responsabilidad que rigen la administración pública, al desconocer las normas establecidas para el endeudamiento territorial.
Tras esta decisión, el exalcalde se pronunció a través de sus redes sociales, y defendió la buena fé de haber solicitado dicho crédito. “Aquí no se está hablando que se perdieron 40 mil millones de pesos. Lo que existe es una controversia jurídica y disciplinaria sobre el alcance de algunos requisitos contemplados en la autorización que otorgó el Concejo”.
Frente a dicha “controversia jurídica”, Segura señaló que antes de firmar el empréstito, se contó con los análisis de capacidad de pago, documentos de prefactibilidad, de consultoría contratados por la Administración Municipal y la certificación de riesgo doble A+. Según el exmandatario, el acuerdo 190 lo habría facultado en su momento para suscribir el empréstito con todas las garantías necesarias.
Precisó, además, en que “una formulación de cargos no es una sanción ni un fallo de responsabilidad, es el inicio de una nueva etapa dentro del proceso en la cual presentaremos nuestros argumentos y todas las pruebas correspondientes”
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Zipaquirá, autoridad que calificó provisionalmente la conducta como falta grave a título de culpa grave. Tras la formulación de cargos, el expediente fue remitido a la etapa de juzgamiento disciplinario.
