En un hecho repudiable en todos aspectos, la Fiscalía General de la Nación dió a conocer durante la tarde este jueves 25 de junio, la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 57 años, luego de haber aceptado haber agredido a su nieta menor de edad en hechos ocurridos en el municipio de Tabio.
Los hechos que motivaron la decisión se desarrollaron de manera sistemática entre los meses de abril y junio de 2026. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, las agresiones se perpetraron en un inmueble residencial ubicado en la vereda Río Frío de Tabio. El agresor aprovechaba los momentos en los que la abuela de la niña salía de la vivienda para someterla a tocamientos de índole sexual en al menos cuatro oportunidades registradas.
El fin de las agresiones se dio el pasado 21 de junio de 2026, fecha en la que servidores de la Policía Nacional capturaron al sujeto en flagrancia mientras cometía el ilícito. El caso fue asignado de inmediato a un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Zipaquirá, quien lideró la presentación del capturado ante las instancias judiciales correspondientes para el control de legalidad de la captura.
Durante las audiencias preliminares, el ente acusador le imputó formalmente los cargos penales. Ante la contundencia del procedimiento y el peso de la flagrancia, el procesado decidió aceptar de manera voluntaria los hechos y se allanó a los cargos endilgados, lo que da paso a la emisión de una sentencia condenatoria en un periodo más corto.
Según el reporte oficial consignado en el boletín de la entidad, se le imputó el delito de “acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado”. Del mismo modo, la decisión final del juez de control de garantías determinó de manera perentoria “medida de aseguramiento en centro carcelario”
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la profunda vulnerabilidad de la infancia en entornos que, por su naturaleza familiar, deberían representar espacios absolutos de cuidado y protección.
La oportuna reacción de la Policía Nacional y la celeridad judicial de la URI de Zipaquirá impidieron que los vejámenes se prolongaran en el tiempo de forma silenciosa dentro de la provincia de Sabana Centro. No obstante, la gravedad de los hechos deja en evidencia que la respuesta del Estado no puede limitarse a la efectividad penal una vez cometido el delito; es indispensable robustecer las estrategias locales de detención temprana y educación en prevención para que los hogares de Cundinamarca sean entornos seguros donde se preserve, sin excepciones, la dignidad de los niños y niñas.
